SAN ANDRÉS

El reciente fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia que cercena parte del mar territorial de Colombia en el archipiélago de San Andrés era un riesgo anunciado por muchos internacionalistas. La pérdida es probablemente inevitable y pone de manifiesto el riesgo legal al que estamos todos expuestos.

El riesgo legal se origina en el incumplimiento de normas legales. Una cultura organizacional pobre en prácticas y conceptos legales y de cumplimiento genera una mayor posibilidad de incumplimiento de contratos y normas que resulten en litigios por accidentes, omisiones  y daños a usuarios.

Una inadecuada asistencia legal (interna y/o externa) limita la correcta apreciación de las consecuencias legales de nuestras acciones y del impacto de posibles cambios en la legislación, creando también incertidumbre en la interpretación de contratos, leyes o regulaciones. Igualmente, fallas documentarias pueden limitar o impedir la plena posesión de los activos tangibles e intangibles de la entidad  o invalidar supuestos derechos en casos de litigios, tal cual sucedió con la pérdida del mar territorial en San Andrés.

Otro aspecto del riesgo es el incumplimiento de reportes a las autoridades por omisión, reporte tardíoo errores de contenido.  Un reporte errado puede dar lugar a investigaciones cuyos resultados sean impredecibles.

Cuando el riesgo legal se materializa, surgen conflictos con las autoridades y supervisores gubernamentales, la posibilidad de intervención gubernamental y la suspensión de actividades. Los litigios impactan la productividad de la gerencia pues la distraen de su gestión administrativa y, además, conllevan costos y gastos, posibles indemnizaciones a terceros y pérdida de prestigio y reputación.

Para mitigar el riesgo, necesitamos de un control interno adecuado que asegure el cumplimiento de las normas y leyes, listas de chequeo aplicables en los procesos operacionales, una adecuada asistencia legal interna y externa y pólizas de seguro que cubran daños a terceros. El riesgo fiscal de ser representante legal, miembro de junta directiva y posiciones equivalentes también puede mitigarse mediante pólizas de seguro.

Las leyes cubren una amplia gama de actividades empresariales, tales como la laboral, tributaria,  salubridad y seguridad industrial, protección de datos, confidencialidad, derechos de autor, derechos de los consumidores, responsabilidad penal, civil, contractual, etc….